Ernesto Sanz

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Visión global sobre CTI

Pregunta 1:

¿Cuál es su percepción general sobre la ciencia Argentina y cuál su visión sobre el rol de la ciencia en el proceso de desarrollo de nuestro país?


En los Lineamientos fundamentales del programa de gobierno 2015-2019 aprobados por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical se afirma una concepción del desarrollo que se basa en "privilegiar, potenciar y calificar a nuestra gente, cambiar la estructura productiva, modernizarla, hacerla más inclusiva y lograr de ese modo que el crecimiento perdure y la sociedad adquiera mayor cohesión". Para esta concepción, el papel del conocimiento resulta estratégico.

Desde una política de desarrollo, este papel estratégico supone una doble perspectiva. Por una parte, se trata de definir cómo las diferentes instancias estatales pueden y deben contribuir a crear y fortalecer capacidades de producción y difusión de conocimientos de la mayor calidad y relevancia. En otras palabras, hay que llevar adelante políticas para el conocimiento. Por otro lado, resulta imprescindible aprovechar sistemáticamente el conocimiento disponible para sostener los procesos de transformación social, productiva y cultural. En esta segunda perspectiva, necesitamos conocimiento para el desarrollo.

De manera sintética, cuando nos referimos a las políticas para el conocimiento estamos pensando en cómo contar con universidades e institutos de investigación sólidos y productivos, con infraestructura adecuada y equipamiento actualizado, con muchos investigadores formados y en formación, con universidades con políticas consistentes con el desarrollo y la formación en investigación y con excelencia, con organismos técnicos del Estado altamente profesionalizados, con museos de nivel internacional, con revistas científicas de calidad y pertinentes, con programas de formación y actualización para los docentes de escuela media, con canales de vinculación entre la producción y el uso de los conocimientos, con capacitación inicial en nuevas tecnologías, programación y cálculo.

Cuando hablamos de conocimiento para el desarrollo estamos pensando en la aplicación del conocimiento especializado para abordar una amplia gama de problemas sociales y productivos, en el uso de los conocimientos para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, la conformación de planteles en la administración pública altamente capacitados, la popularización de la ciencia o la utilización de los resultados de la investigación para la innovación tecnológica.

No estamos haciendo propuestas en el vacío. Reconocemos los avances en materia de promoción de la investigación de la última década, y entendemos que la nueva etapa que se inicie tiene ese avance como punto de partida. Pero también sabemos que la historia de las políticas de ciencia y la tecnología en la Argentina no empezó en 2003, que hay una larga y muy exitosa experiencia en esta materia y que, contra la propaganda de la última década, tan propia de sociedades poco amigas del conocimiento crítico, en el campo de la innovación productiva, del avance en campos de conocimiento estratégicos, del nivel de la educación media, del desarrollo de carreras claves para el futuro del país, del estado de las estadísticas públicas, del uso del personal más capacitado y del conocimiento para el diseño, el seguimiento, la evaluación y la ejecución de políticas públicas, y de la perspectiva crítica de parte del sistema universitario, por citar algunos ejemplos, el panorama actual dista mucho de ser el deseable.

Evaluar el rol de la ciencia argentina en nuestro desarrollo es más complicado que los logros en materia de políticas para el conocimiento. No se han desarrollado indicadores que midan los logros en materia de conocimiento para el desarrollo, más allá de la escasa información que en algún caso llega a los medios y de la que no se puede inferir impactos. Las encuestas de innovación no se realizan desde hace varios años, o por lo menos los datos no están disponibles. En Argentina existe una gran falencia de información fiable, agravada a partir de la destrucción del INDEC, que impide juicios ciertos. Por otro lado, si nos atenemos al primer indicador usado por organismos internacionales, como son las patentes solicitadas, patentes obtenidas y licenciadas por residentes es insignificante para la Argentina. Es claro que este es un indicador parcial, para ciertos conocimientos que se aplican en tecnologías de uso industrial, pero marca una pauta en relación a una referencia considerada internacionalmente.

El gobierno ha continuado una política caracterizada por la no incorporación de la capacidad científica y tecnológica instalada para impulsar y sostener el desarrollo de un sistema productivo de bienes y servicios innovador, competitivo y preparado para negociar la compra venta de activos tecnológicos que podemos disponer o necesitar.

Los motivos, a pesar de cambios positivos observados en los últimos años, todavía persisten. El Estado es actualmente, y lo será por varios lustros, el mayor demandante de esos activos. Las empresas antes privatizadas y ahora estatizadas continúan ejecutando proyectos e innovaciones tecnológicas íntegramente concebidas en el exterior. Salvo excepciones no se ha convocado al sector científico para asesorar sobre la elección de esas tecnologías con una mirada estratégica orientada al máximo aprovechamiento de las herramientas con el objeto de mejorar su funcionamiento, adaptarlo a nuestras condiciones operativas y disminuir la dependencia externa en futuros proyectos.

Tendríamos muchísimos ejemplos en los cuales la administración del Estado necesita imperiosamente del auxilio de la innovación para modernizarse acercando con prontitud las soluciones a las demandas ciudadanas. Este tipo de políticas requiere de un Estado muy profesional, cuestión a la que nuestra organización estatal federal y la gran mayoría de las provinciales han descuidado o evitado.

Pregunta 2:

Cómo valora la gestión 2004-2015 en materia científica?


La valoración de la política científica del período 2003-2015 depende de qué se entiende por política científica. Si por política científica se entiende la actuación del MINCYT –y previamente la SECYT– y los organismos que de él dependen, el balance es globalmente positivo. Si, en cambio, incluimos en la política científica al conjunto de acciones estatales dirigidas a producir, sistematizar, difundir y utilizar conocimientos de base científica –como nosotros los radicales consideramos que debe ser interpretada la política científica–, el panorama presenta varias aristas muy negativas. En particular, la degradación del sistema estadístico nacional es un aspecto cuya importancia no puede ser relativizada. Su impacto negativo es múltiple y de una dimensión enorme. Tampoco pueden ser dejadas de lado otras iniciativas del gobierno de Cristina Kirchner como el Instituto Dorrego o la creación de una Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Este tipo de iniciativas son filosóficamente opuestas a nuestra concepción de las relaciones entre el Estado y el conocimiento.

Del mismo modo, el MINCyT no debió desentenderse del conflicto entre el derecho al trabajo y el derecho al conocimiento actualizado y de punta, que se suscitó con motivo de las paritarias de los docentes universitarios y que ha dado lugar a la posibilidad cierta de la eliminación de los concursos de oposición para el ascenso dentro de las carreras de los docentes de las universidades nacionales. La pérdida de la periodicidad y de la evaluación por pares imparciales en la carrera de la docencia universitaria significa el sacrificio del conocimiento de calidad y de su democratización en el altar de la continuidad laboral. Beneficios privados y pérdidas públicas que sufrirán, como siempre, los más desposeídos, y que conspira directamente contra un país al que le importa el conocimiento.

Sobre las políticas que deberían ser continuadas, profundizadas y fortalecidas, más allá de diferencias instrumentales, destacamos a aquellas dirigidas a consolidar capacidades de investigación en una gama amplia de disciplinas y temáticas. Básicamente, la formación de recursos humanos, la incorporación de investigadores y las incipientes mejoras en las condiciones de infraestructura y equipamiento.

Ciertamente, la continuidad de la gestión desde el 2002 a la fecha, y la situación económica favorable, brindaron un marco propicio para una evolución de capacidades científicas y tecnológicas que se reflejan en estabilidad institucional, el crecimiento de la comunidad científica, y el mencionado fortalecimiento de infraestructura y equipamiento.

Por otra parte, la continuidad de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológicas (ANPCYT) través del FONTAR y los recientemente creados FONARSEC y FONSOFT, ha continuado en la consolidación de ciertos instrumentos de promoción de la innovación tecnológica en el sector privado y la asociación en emprendimientos conjuntos entre el sector privado y grupos de investigación de universidades e instituciones públicas de Ciencia y Tecnología. Gradualmente, el MINCYT ha comenzado a orientar las acciones de promoción de I+D hacia algunos temas prioritarios, que en el Plan Argentina Innovadora 2020 se concentran en torno a 32 Núcleos Socio Productivos Estratégicos (NSPE). En esa dirección, la consolidación de estas instituciones también deberá ser continuada.

También es valorable la vuelta al país de científicos que por distintas razones estaban radicados en el exterior.

Respecto a las políticas que deberían ser cambiadas o reorientadas, la primera modificación que planteamos es en el terreno de las políticas de innovación. Las políticas de innovación son políticas para la producción, en las que el concurso del sistema científico puede ser muy importante. Pero la innovación no es una proyección lineal de la investigación, ni su consecuencia lógica y directa. La experiencia de los últimos años –como lo evidencian los resultados de la última encuesta de innovación– muestra que no hay cambios significativos en materia de innovación a pesar de los esfuerzos realizados en la I+D.

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido una iniciativa valiosa. Sin embargo, ya desde su nombre, puede llevar a pensar que la innovación depende de la investigación. No es así. La investigación puede contribuir a la innovación pero no la determina. Por el contrario, la innovación depende de un conjunto de factores que no suelen guardar relación directa con la investigación: las condiciones institucionales y jurídicas, el comportamiento de la macroeconomía, las políticas industriales, el clima de negocios, las características de las empresas, la cultura empresarial, la capacitación de los profesionales y técnicos, las relaciones del país con el mundo, la formación educativa, la relación entre el sistema productivo y el sistema universitario, entre otros factores.

Si esto es así, el fomento de la innovación no puede ser una tarea de un ministerio de ciencia y tecnología. Requiere, en cambio, la articulación de múltiples áreas del Estado, bajo la dirección clara de una política económica que aliente la inversión, el desarrollo tecnológico y el empleo de calidad, y que proporcione incentivos para que las empresas innoven. En otras palabras, hay que crear un contexto que estimule a la innovación, en todos los sectores, y en diferentes tipos de empresas.

Hay que reconocer, entonces, el carácter sistémico de la innovación y abordar de manera transversal, sistemática y consistente las políticas para estimularla. La segunda modificación –no menos importante- es la reconstrucción del sistema estadístico nacional. La degradación del sistema estadístico nacional es uno de los hechos más graves de la historia argentina reciente, cuyos efectos sobre las relaciones entre el Estado y la ciudadanía son muy profundos. No hay ni puede haber una buena política del conocimiento ni uso de los conocimientos para las políticas públicas sin un sistema de estadísticas oficiales de amplia cobertura, alta calidad y acceso abierto a la información producida. Por razones éticas, políticas y funcionales, la reconstrucción del sistema estadístico nacional es la prioridad central de las políticas del conocimiento.

El conocimiento producido a partir de un sistema estadístico nacional de calidad es la condición fundamental para llevar adelante políticas públicas profesionales. No hay Estado democrático y republicano que pueda cumplir adecuadamente con sus funciones sin información de adecuada cobertura y calidad. Es muy difícil forjar una ciudadanía crítica y responsable sin el acceso a esa información.

Pero tampoco hay investigación de calidad en múltiples áreas del conocimiento –desde la economía hasta la salud, desde la educación hasta el medio ambiente– sin la información proporcionada por los organismos del sistema estadístico.

La reconstrucción del sistema estadístico requiere un corte drástico con la estructura forjada en los últimos años –sobre todo en el INDEC–, la formulación de un programa estadístico actualizado y riguroso, la reincorporación de las personas expulsadas del INDEC, la profesionalización del trabajo estadístico en dicho organismo y en todos los ministerios, en un marco de autonomía de los organismos del sistemas estadístico, que los protejas de las interferencias del poder político.

La tercera cuestión a abordar de manera inmediata está relacionada con prioridades de la investigación, un tópico recurrente en las discusiones sobre las políticas científicas y tecnológicas. La cuestión es genuinamente importante: se trata de precisar para qué objetivos socialmente relevantes es preciso tratar de orientar las actividades de producción y aplicación de conocimientos. Las respuestas suelen ser, a nuestro juicio, poco satisfactorias. A menudo, el establecimiento de prioridades conduce a la elaboración de un listado muy amplio de temas también ampliamente definidos. En otros casos, las prioridades se fijan a partir de una agenda internacional –sobre todo cuando hay involucrados créditos de organismos multilaterales– y suelen estar asociadas a perfiles de proyectos también en boga en el plano internacional –típicamente proyectos de inversión en cabeza de una empresa, con participación de universidades u otros organismos científicos y tecnológicos–.

Se ha continuado en una época de ingresos extraordinarios para el Estado y de fuerte expansión del gasto público con una mayor proporción de financiamiento de los organismos de multilaterales de crédito con la consabida dependencia de las políticas y los instrumentos. La falta de financiamiento por parte del tesoro nacional pone en evidencia que, en términos del dinero que el Estado le destina a la ciencia, esta es menos importante que el Fútbol para todos.

Desde nuestra perspectiva, para abordar eficazmente esta cuestión es necesario partir desde las políticas sectoriales y no exclusivamente desde el ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto quiere decir algo muy sencillo: que las prioridades de investigación en salud, en medio ambiente o en energía dependen en primera instancia de las políticas nacionales en salud, medio ambiente o energía, y que los organismos responsables de esas políticas tienen que contribuir al financiamiento de la investigación, con el concurso del MINCYT y de los organismos que de él dependen. En otras palabras, el MINCYT tiene que cooperar con la definición de la agenda de investigación de otras áreas sustantivas del gobierno, pero esas áreas tienen que asumir un papel importante en ese proceso. Sin duda, hay temas y problemas que son transversales y para los cuales el marco de un ministerio u oficina pública sectorial puede resultar insuficiente. Pero el principio general es que cada ministerio o área sustantiva del gobierno debe llevar adelante una política para el conocimiento que tiene que producirse y utilizarse en su área de interés. Cabe destacar que esta orientación tiene antecedentes y ejemplos en diferentes ministerios –como el área de informes y estadísticas del ministerio de Trabajo o la Comisión Nacional Salud Investiga en el de Salud–. Pero lo que es preciso, además, es utilizar instrumentos competitivos para la asignación de proyectos. Hay que crear fondos de investigación orientada que establezcan sus temas y sus prioridades con el concurso de los ministerios respectivos y del MINCYT y a los que pueda postularse cualquier universidad o centro de investigación, y que deben estar a la vez facilitadas en las carreras de dichas instituciones concursantes.

Interesa entonces destacar la escasa o nula articulación con los otros ministerios. Lógica obviamente potenciada a partir de un ejecutivo que ni siquiera realiza reuniones de gabinete. La existencia de planes impulsados solo desde MINCYT son paliativos, no la respuesta a políticas globales.

La cuarta línea en la que consideramos que hay que hacer un esfuerzo mayor es la de la modificación de la distribución regional de las actividades científicas y tecnológicas, otro tema recurrente en los planes de ciencia y tecnología de los diferentes gobiernos. Sin embargo, ha sido un objetivo incumplido, a pesar de algunos esfuerzos importantes. El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "Bicentenario" (2006-2010) proponía "una redistribución gradual de los recursos en ciencia y tecnología, elevando paulatinamente la participación de las diecinueve circunscripciones más postergadas en la actualidad, hasta un 30% para el año 2010, y a un 40% para 2015, duplicando de esta forma su participación actual". Esta meta no se alcanzó y la distribución actual es muy similar a la de 2005.

Se ha producido el desfinanciamiento de la LEY 23.877 que permitió en su momento el desarrollo de áreas provinciales como en el caso de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Se considera fundamental, tomando diversos ejemplos internacionales, apostar al involucramiento de los gobiernos regionales en estas cuestiones. El discurso oficial pretende engañar confundiendo "Políticas Federales" con "Políticas Centrales que distribuyen en el territorio a su criterio".

Una condición necesaria para mejorar la distribución regional de las actividades científicas y tecnológicas es el compromiso conjunto de la Nación y las provincias. El crecimiento de la inversión pública nacional en I+D no ha sido acompañada por un esfuerzo convergente en las diferentes provincias. Más allá de algunos esfuerzos aislados, las provincias no han asumido que contar con un buen sistema de ciencia y tecnología es importante y y que es necesario destinar recursos para su desarrollo.

En esa dirección, para que las provincias estén en condiciones de asumir el desarrollo de la ciencia y la tecnología como algo estratégico, es necesario que el Gobierno Nacional distribuya como corresponde la coparticipación impositiva para desarrollar con autonomía federa políticas propias sin tener que depender de una distribución decidida unitariamente por el gobierno nacional.

Como partido nacional y federal, el radicalismo promoverá las actividades científicas y tecnológicas desde el gobierno nacional y desde cada provincia. La falta de interés en la producción y el uso de los conocimientos es un síntoma del estancamiento de muchas provincias y un obstáculo para superar ese estancamiento.

Una quinta cuestión remite a nuestra agenda de género. A menudo, este tema es soslayado, suponiendo que en el sistema científico hay criterios y prácticas meritocráticas que son neutrales frente a las diferencias entre hombres y mujeres. No es así.

La participación creciente de las mujeres en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ha sido una tendencia sostenida a lo largo de los años de democracia. Si bien el aumento en la participación de las mujeres en las actividades e instituciones de ciencia y tecnología es un fenómeno mundial, en muchos países la participación femenina sigue siendo relativamente baja. En el caso argentino, las tasas de crecimiento de la participación femenina han sido notorias: mientras en 1991 las mujeres representaban el 37% del personal en ciencia y tecnología, en el 2012 habían alcanzado el 51% de los investigadores y el 58% de los becarios. Dicho esto, cabe señalar que esta mayor presencia femenina no fue acompañada por un cambio de similar magnitud en el acceso a posiciones de dirección de instituciones y grupos.

Las diferencias de género en el gobierno de las instituciones científicas y tecnológicas son muy claras. Sirvan de ejemplo algunas referencias básicas. No hay ninguna mujer entre los nueve integrantes del Consejo Directivo del INTA y solamente una mujer entre los quince directores de Centros Regionales. Entre las autoridades de los Centros Científicos y Tecnológicos del CONICET, las mujeres representan el 16%.

A menudo las políticas de discriminación positiva en sistemas con criterios meritocráticos –como los que se supone que predominan en la ciencia y la tecnología– suelen ser cuestionadas. Sin embargo, cabe notar que una buena parte de las posiciones de gobierno que ocupan los hombres son cubiertas con criterios políticos, no electivos ni competitivos –sirva de ejemplo el directorio del INTA–. Por lo tanto, una política preocupada por la igualdad de género tiene que empezar por asumir que las responsabilidades de gobierno deben ser compartidas entre mujeres y hombres.

En relación a nuevos enfoques de gestión, el MINCYT debería promover más intensamente, y con mayor articulación con las oficinas públicas sustantivas – como se mencionó precedentemente- y el resto del sistema científico, investigaciones orientadas a problemas en las áreas que son estratégicas para el desarrollo nacional, en el marco de la planificación nacional y las demandas de ministerios sectoriales, especialmente en mejora de la calidad educativa, mejora de calidad de vida de sectores postergados (salud, vivienda, acceso a agua potable), desarrollo de autosuficiencia energética, transporte.


Política implícita

Pregunta 3:

¿Qué proyectos de desarrollo tecnológico con inversión del estado nacional planea impulsar en áreas estratégicas (energía, información y comunicaciones, etc.)?


En este apartado reseñaremos varios proyectos tecnológicos concretos. Sin embargo, nos parece necesario enfatizar que nuestra orientación básica es la de precisar algunas prioridades políticas y pensar qué necesidades de conocimientos científicos y tecnológicos se derivan de ellas. Un ejemplo sencillo: si una de nuestras prioridades es la seguridad alimentaria, es preciso contar con mucha y buena investigación en la materia –no está de más recordar que la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se realizó en 2005–.

Desarrollo de biotecnología para aplicación humana, vegetal y animal Agregado de valor a toda la producción primaria agroindustrial.

En relación a la energía, se planean impulsar desarrollos en los siguientes campos:

En hidrocarburos, además de los desarrollos necesarios para las exploraciones (Exploración en áreas convencionales y costas afuera, recuperación secundaria y terciaria de campos maduros, la explotación de hidrocarburos no convencionales y off shore), se debe avanzar en un proceso gradual de transferencia de tecnología que permita el desarrollo de proveedores locales de servicios y equipos asociados a la perforación, terminación y workover para la explotación de hidrocarburos en áreas no convencionales y en el off shore, que permitan acompañar el desarrollo a gran escala de esta modalidad de explotación, trazando una hoja de ruta que permita a la industria local, sobre la base de dicha escala, transformarse en el largo plazo en un proveedor global de tecnología.

Por otra parte, se impulsará el desarrollo de tecnología orientada a la reducción de emisiones fugitivas de metano en toda la cadena de valor del gas natural, con especial énfasis en la producción no convencional, así como al fortalecimiento de la capacidad de las autoridades regulatorias para monitorear dichas fugas.

En energías renovables se promoverá la adecuación tecnológica para el incremento del corte de gas oil con biodiesel, tanto para uso automotor como para generación eléctrica (este último actualmente nulo debido a restricciones de precio), y de naftas con bioetanol.

En lo relacionado con la distribución de energía eléctrica se promoverá el desarrollo de tecnología y estándares locales para la implementación de redes inteligentes (smart grids): dispositivos inteligentes de control y medición, infraestructura de telecomunicaciones y de interacción, y el desarrollo de software local como tecnologías habilitantes para el incremento de la eficiencia y la confiabilidad de las redes de distribución, así como de la microgeneración distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En cuanto al transporte de energía eléctrica se incentivará el desarrollo de tecnología y de proveedores locales que permita la construcción de líneas de transmisión de alta tensión en corriente continua (HVDC) e instalaciones accesorias que posibiliten (sin limitarse a) la reducción de pérdidas transmisión de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables en zonas de alta disponibilidad de recurso (e.g. energía eólica e hidráulica en la Patagonia) hacia los principales centros de consumo.

Finalmente, en relación al almacenamiento de energía se promoverán desarrollos tecnológicos tendientes a optimizar la producción, el procesamiento y la industrialización del litio, que viabilicen los proyectos de valor agregado local, como la fabricación local de baterías de litio; la obtención de hidrógeno a partir de fuentes renovables de energía y el desarrollo local de pilas de combustible y de baterías de flujo de energía.

Específicamente, en lo referente al litio se debe avanzar en la constitución de un consorcio internacional con Bolivia y Chile para desarrollar en forma conjunta la cadena de valor del litio, evitando que nuestro país exporte el litio como mineral.

Pregunta 4:

¿Qué importancia tiene la inversión (privada o estatal) en CTI para promover un tejido empresario de base tecnológica? Especifique su posición sobre el tema y su/s proyecto/s al respecto. ¿Cómo piensa compatibilizar los intereses prioritarios para el Estado con los intereses privados?


Obviamente que nos parece fundamental la inversión tanto pública como privada para promover un tejido empresario de base tecnológica y una cultura de creación de empresas relacionadas con la innovación. No obstante ante esta pregunta algunas aclaraciones.

Las políticas para la generación de nuevas empresas exceden el ámbito del MINCYT, su participación es fundamental en cuanto a incorporación de conocimiento pero involucra a otras áreas de gobierno como Economía e Industria solo por nombrar las dos más obvias.

La formación de nuevas empresas de base tecnológica es solo una de las formas de aplicar nuevos conocimientos en la producción y que debe ser apoyada, pero no es la única y, en general no es la más aplicada en otras latitudes. También tenemos que ser capaces de generar mecanismos por los cuales las empresas existentes licencien las tecnologías desarrolladas en nuestras instituciones públicas o se asocien con las mismas en proyectos de desarrollo colaborativo. Y quizás este aspecto sea todavía más crítico y menos problemático para transitar.

En cuanto a compatibilizar los intereses del Estado con los interés privados, obviamente el Estado debe generar las normas fundamentales que fijen reglas de juego claras, estables y que generen la suficiente confianza para inversores y que defiendan al mismo tiempo el bien común, pero que también impulsen el crecimiento económico de las empresas y de los emprendedores a partir de sus capacidades de innovación y conquista de mercados.

En segundo lugar, como ya hemos dicho, el Estado debe definir políticas por consenso en sus respectivas áreas, por ejemplo industria, agro, salud, educación, etc. y a través del MINCYT implementar las prioridades que respondan a las mismas aprovechando adecuadamente la capacidad de CyT instalada. En tercer lugar se debe desarrollar y fortalecer de manera descentralizada en las instituciones de I+D públicas la capacidad de gestión necesaria para defender el patrimonio público de las mismas como lo son los resultados de investigación obtenidos por fondos públicos. Es decir, protección adecuada de Derechos de Propiedad Intelectual, valuación adecuada de los intangibles, capacidad de negociación con las empresas, concreción de los acuerdos en contratos correctos y vigilancia de la evolución de los acuerdos y las riquezas que los mismos generen.

Argentina necesita mejorar su tejido productivo para promover una mayor competitividad en base a calidad e innovación tanto para fomentar exportaciones con mayor valor agregado como para proteger la producción nacional frente a la competencia de insumos importados.

Para lograr este objetivo, tanto el Estado como el sector privado deben aunar esfuerzos en el marco de objetivos nacionales de desarrollo, progreso y bienestar.

En este aspecto la política de ciencia, tecnología e innovación se alineará con las políticas de desarrollo económico del futuro gobierno Para inducir un aumento significativo en la inversión privada en investigación y desarrollo se introducirán beneficios fiscales específicos para las empresas que inviertan en I+D, se incorporarán nuevas cláusulas que exijan inversiones en I+D a las empresas multinacionales que se radiquen en el país, se utilizará el poder de compra del Estado para alentar el desarrollo de tecnologías competitivas por empresas nacionales. Además se fortalecerán los servicios de asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas para fomentar la fabricación nacional de productos que demanden desarrollos tecnológicos locales. La política de incentivos fiscales evitará la captura del estado por parte de las empresas que serán ayudadas a innovar sin que ello implique subsidios sin metas ni plazos.

Se impulsará, también mediante incentivos fiscales, la incorporación en tiempo parcial de doctores e investigadores de alto nivel en los planteles de las empresas.


Financiamiento

Pregunta 5:


¿Cuál es su análisis sobre el nivel de inversión actual de 0,65% del PBI destinado a CTI? (Fuente: Banco Mundial) ¿Estaría dispuesto a impulsar un plan de incremento progresivo de la inversión?


El nivel actual de inversión en ciencia y tecnología –el 0,6% del PBI en I+D y el 0, 66% en ACT de acuerdo con el último reporte de indicadores del MINCYT (2013)– constituye un avance que debe ser sostenido. Cabe señalar, sin embargo, que no difiere sustantivamente de los porcentajes destinados históricamente por nuestro país a estas actividades. También es necesario recordar que esta administración (2003-2015) no alcanzó, y se encuentra lejos de alcanzar, sus objetivos cuantitativos planteados desde el año 2005 en relación al financiamiento a las actividades de ciencia y tecnología, como se señala más adelante.

En esa dirección, también cabe mencionar que, en términos de gasto público, la incidencia del gasto en I+D sobre el total del gasto público decreció respecto a períodos anteriores.

La principal limitación para pasar del escalón actual a uno que se acerque al 1% en el próximo quinquenio reside en el insuficiente dinamismo de la inversión privada en I+D. Vale la pena aquí recordar la meta de crecimiento de la inversión formulada en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "Bicentenario" (2006-2010). Esa meta establecía que en 2010 la inversión en I+D iba a llegar al 1%. Esto suponía que el financiamiento público de la I+D iba a pasar del 65% al 50%, mientras que el privado iba a pasar del 35% al 50%. La tendencia ha sido diferente: en 2013, el gasto privado en I+D representaba el 20% del total. En otras palabras, la tendencia fue en dirección opuesta a la prevista y propuesta por el propio gobierno.

El aumento de la inversión del sector privado no es un problema de aumentar la cantidad de instrumentos o el presupuesto del FONTAR. El cambio de escala de la inversión privada en I+D no se consigue a golpes de FONARSEC. No es posible que aumente significativamente la inversión en I+D en un contexto en el que la inversión a secas está estancada. Una política económica que aliente vigorosamente la inversión es una condición necesaria para el aumento de la inversión privada en I+D. No es condición suficiente, y ahí entran diferentes instrumentos para promoverla.

La inversión hay que aumentarla, pero no necesariamente con la misma distribución que la actual y tampoco la misma distribución de gasto.

El aumento tiene que incluir necesariamente un aumento de la inversión privada además de la pública.

Por otro lado la inversión no solo debe ser para investigación sino también para las etapas necesarias para la transferencia e implementación de los conocimientos, como por ejemplo el personal necesario para las actividades mencionadas en la pregunta anterior, para las instituciones públicas, financiamiento de pruebas de concepto, de escalado, etc. para instituciones públicas, empresas o consorcios entre ambas.

Aquí ya se implementaron algunos fondos, como por ejemplo los de la ANPCYT que hay que mantener y profundizar con inversión genuina del presupuesto nacional como ya se mencionó. También agregar políticas de incentivo fiscal.

Se debe propiciar un fuerte desarrollo de la lógica de capital de riesgo para el aporte de inversores privados al desarrollo de proyectos de innovación ya sea para nuevas empresas o existentes.


Personal Científico

Pregunta 6:

En los últimos años se logró renovar el plantel científico del CONICET incrementando la tasa de ingreso de becarios doctorales y nuevos investigadores. ¿Piensa que esta política debe ser modificada? ¿Impulsaría específicamente la formación de recursos humanos en alguna/s de las distintas áreas científicas (formales, naturales, sociales y humanas)?


En materia de recursos humanos en ciencia y tecnología, podemos identificar cuatro grandes cuestiones que es preciso abordar. La primera se refiere a la educación básica, la segunda a la educación superior, la tercera a la formación de investigadores y la cuarta a la ocupación de los profesionales en ciencias e ingeniería.

Sobre la primera de las cuestiones, las evidencias disponibles muestran un muy pobre rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas –nacionales e internacionales-, en todos los campos evaluados, entre ellos en matemáticas y ciencias. Más allá de diferentes iniciativas de acercamiento de la ciencia a los niños y a los jóvenes, lo cierto es que la escuela no está cumpliendo adecuadamente con su función y que no hay forma de compensar ese déficit con programas extracurriculares. Por lo tanto, es preciso poner en primer plano la necesidad de que las escuelas recuperen o adquieran una capacidad real de proporcionar una enseñanza eficaz de los fundamentos de las ciencias.

Sobre la segunda cuestión, el tema que suele estar en agenda es el del perfil de carreras que predomina en la Argentina. Es un lugar común afirmar la insuficiencia de la dotación actual y futura de profesionales en el campo de las ingenierías y las ciencias. Sin duda, el despliegue de una economía productiva y de una sociedad innovadora requerirá muchos más profesionales y técnicos con formación científica y tecnológica. Sin embargo, las señales de los mercados laborales –derivadas, en buena medida, de las orientaciones de política económica del kirchnerismo– no son tan claras.

Tampoco son claras las orientaciones educativas. Los malos resultados de los estudiantes secundarios en las evaluaciones estandarizadas de rendimiento nacionales e internacionales en matemáticas y ciencias revelan un serio problema, con directo impacto en la formación de científicos y de ingenieros. Con déficits notables en el dominio de matemáticas y ciencias, ¿por qué los jóvenes elegirían carreras basadas en esas disciplinas? Y si las eligen, ¿cuáles serían las probabilidades de concluirlas exitosamente? La evidencia internacional y nacional demuestra el crecimiento del impacto del sector informático en la economía, y que en nuestro país la ausencia de estos especialistas es un cuello de botella serio para el desarrollo de sus áreas relacionadas.

Sin duda, los programas para promover las vocaciones científicas y tecnológicas a través de becas y otros instrumentos son importantes y útiles. Pero también son insuficientes. Sin una modificación de las condiciones de la demanda –estimulando la inversión productiva y la innovación– y de la educación en ciencias en la escuela media, su impacto es necesariamente limitado.

La tercera cuestión –que es la consultada en la pregunta 6- remite a la formación de investigadores y su ingreso a la carrera científica. Esta política debe ser continuada. Tres aspectos requieren atención. El primero se refiere a la calidad de la oferta de formación de posgrado. Consideramos que es necesario fortalecer a los doctorados de mayor calidad, con apoyo a la movilidad nacional e internacional de becarios y de profesores y a la gestión académica, condicionada al cumplimiento estricto de estándares de calidad. El segundo remite a las condiciones de trabajo. En este plano, hay diferencias importantes en las condiciones edilicias, de hábitat y de equipamiento entre diferentes institutos. Es necesario mejorar esas condiciones para el conjunto de los institutos y laboratorios de investigación. Además es necesario introducir incentivos para la formación y radicación de investigadores en las áreas geográficas que han tenido menor densidad de capacidades científicas y tecnológicas Sobre el cuarto punto, referido a la ocupación de científicos e ingenieros y que se consulta en la pregunta 7, nuestra orientación básica es que se trata de una cuestión que involucra aspectos cuantitativos y cualitativos estrechamente vinculados. Esto quiere decir que para el aumento de la ocupación científica y tecnológica en empresas y en el sector público se requiere que crezca la cantidad de empresas innovadoras y que el Estado modifique sustancialmente su perfil actual y privilegie la idoneidad técnica y profesional. En términos concretos, la incorporación de personas con formación avanzada en ciencia y tecnología al Estado y a las empresas supone que podrán llevar a cabo tareas acordes con sus capacidades.

Cabe mencionar también que la mayoría de los investigadores (aproximadamente el 60% con equivalencia dedicación exclusiva) desarrollan sus actividades en el marco de las universidades nacionales, y que sin embargo el rubro ciencia y tecnología del sistema universitario significa apenas el 20% del total del sistema científico.

Pregunta 7:

¿Cómo planea fomentar la incorporación de recursos humanos altamente capacitados al sector científico-productivo y/o a diversas áreas y dependencias del estado?


Respondida en la 6.

Pregunta 8:

El "Programa Raíces" fue instrumentado con el objetivo de promover la repatriación científicos argentinos residentes en el exterior. ¿Qué opina de este programa? ¿Piensa continuarlo o modificarlo?


El programa Raíces constituye una iniciativa importante, que tendrá continuidad. Raíces se inscribe en una tradición de programas similares llevados a cabo en los gobiernos de Frondizi, Alfonsín, Menem y De la Rúa. El programa ha tenido mayor continuidad e impacto que las experiencias anteriores. Asimismo, ha adquirido una fuerte consolidación institucional, a través de la ley 26421. Nuestros bloques parlamentarios apoyaron la sanción de esa ley, que define al programa como una «política de Estado» y establece sus objetivos, funciones y condiciones de funcionamiento.

Dentro de las líneas de trabajo del programa, creemos que las más relevantes son las de incorporación de investigadores a la CIC, los PICT Raíces, los subsidios de retorno y los Proyectos de Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores en Áreas Tecnológicas Prioritarias (prh-Pidri). Probablemente, las líneas de subsidios para actividades de cooperación deberían ser reforzadas.


Ciencia básica y ciencia aplicada

Pregunta 9:

¿Qué grado de importancia le otorga al desarrollo de la Ciencia Básica? Si la considera de importancia, ¿cómo piensa apoyarla?


Una capacidad en Ciencias Básicas es indispensable para mantener la vitalidad de la comunidad científica argentina. El gobierno continuará apoyando la investigación con los instrumentos, ya clásicos, que han demostrado eficacia tales como el sistema de becas para la formación de investigadores y la carrera de investigador del CONICET y el financiamiento de proyectos a través de FONCYT.

El fomento a la investigación básica mantendrá un equilibrio entre el apoyo a investigaciones que surjan de la libre iniciativa de los investigadores con investigaciones orientadas a problemas de relevancia nacional o regional.

Asimismo se crearán instrumentos para orientar la formación de investigadores y el financiamiento de investigaciones en disciplinas y áreas de investigación que necesitan más desarrollo en virtud de su vinculación con áreas estratégicas de desarrollo tecnológico.

Se revisará la necesidad de fortalecer la infraestructura de equipamiento científico para mantener actualizada la capacidad de investigación de los grupos científicos

Pregunta 10:

En los últimos años se ha impulsado la Ciencia Aplicada con el objetivo de generar nuevas empresas de base tecnológica. ¿Está de acuerdo con esta política? ¿Qué plan/es tiene al respecto?


Sin desmerecer la importancia de promover la creación de empresas de base tecnológica, el apoyo a la investigación aplicada no estará circunscripto solamente al objetivo de crear empresas de base tecnológica.

El próximo gobierno apoyará investigación aplicada orientada a la solución de problemas nacionales y regionales en áreas estratégicas vinculadas a salud, educación, satisfacción de necesidades básicas, infraestructura (energía, comunicaciones, transporte), medio ambiente, recursos naturales, y aspectos ligados al desarrollo.

Asimismo se continuará con el fomento de proyectos asociados con empresas privadas en temas de interés nacional y regional a través distintos instrumentos de diversas instituciones.

Respecto de las empresas de base tecnológica se considera necesario profundizar la política actual pero, además de lo ya expuesto tenemos que tener presente que: para formar una empresa de base tecnológica hace falta el conocimiento y el mismo convertirlo en tecnología, pero tanto o más importante que ello hace falta un emprendedor y un entorno que estimule las capacidades emprendedoras. Uno de los principales requisitos para tal entorno es la previsibilidad y la claridad en las reglas de juego.

Consideramos fundamental este aspecto que debe ser trabajado por la sociedad en general, y el sistema educativo en particular incluyendo todos sus niveles.


Evaluación en el sistema científico

Pregunta 11:

¿Cuál es su opinión respecto a los criterios de evaluación actualmente utilizados por los principales organismos nacionales de empleo y subsidio de la investigación, el CONICET y ANPCyT? ¿Piensa que deban ser modificados?


La evaluación científica tecnológica es una actividad esencial, obligatoria e intransferible, tanto para el CONICET como para la ANPCyT. Pero a su vez, debe garantizarse que los procedimientos de evaluación sean democráticos, rigurosos, transparentes y públicos.

Hoy, ni el CONICET ni la ANPCyT aseguran procedimientos que cumplan estas premisas.

Por el lado del CONICET, si bien se contempla la intervención de pares evaluadores en las instancias de evaluación, las instancias superiores se encuentran muy sujetas a criterios y pautas establecidas por el Directorio que no son conocidas por los postulantes a becas, cargos o subsidios.

Por el lado de la ANPCyT, gran parte del peso de la evaluación recae en la elección de evaluadores que realiza el coordinador de área con total libertad, no garantizándose que los resultados individuales pasen por una instancia de homogenización dentro de cada área disciplinar.

El CONICET debe avanzar en un esquema de evaluación y avance en las carreras cientoficas que estén relacionadas también con proyectos de desarrollo tecnológico, cuyos productos no necesariamente son publicaciones o patentes.


Coordinación

Pregunta 12:

¿Tiene proyectos de reestructuración para el MinCyT y, en caso positivo, cuáles son?


Sobre el MINCYT, lo primero que nos interesa señalar es nuestro desacuerdo con los proyectos de ley promovidos por el bloque de diputados del Frente para la Victoria, de creación del "Instituto Nacional de Innovación y Prospectiva Productivas y Tecnológicas (IINPProTec)" y del "Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo (INID)". Se propone que los dos institutos dependan de la Jefatura de gabinete de ministros, no del Ministerio de Ciencia y Tecnología ni del CONICET. Los proyectos proponen crear nuevos organismos en el que directivos designados por el actual gobierno permanecerán durante todo el gobierno próximo y más allá. Algo similar a lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la administración pública.

No se trata de ámbitos dedicados a la investigación, aun cuando entre sus funciones se la mencione. Son, sobre todo, organismos con funciones de diseño, asesoramiento y ejecución de políticas. Como muestra, entre las atribuciones del INID se consigna la de "fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica, y otorgar pasantías y becas de formación, capacitación y perfeccionamiento sobre los principales ejes del desarrollo nacional". Desde esta perspectiva, los organismos que se propone crear tienen funciones que se superponen con las del MINCYT. Desde nuestra perspectiva, el MINCYT debe ser mantenido sin superposiciones de otros organismos en sus competencias básicas. Es decir, si se avanza con las mencionadas iniciativas, se profundizará el tradicional problema del sistema científico argentino de superposición de instituciones y atribuciones, disparidad de objetivos, y que responden a distintos ministerios.

Lo que prevemos es un papel muy activo de los ministerios de Economía, de Industria y de Agricultura en el desarrollo de una economía innovadora. Esto necesariamente supone que las iniciativas del MINCYT van a encontrar un marco más estimulante y demandante que en la actualidad.

Asimismo, nuestra idea es que los diferentes ministerios creen fondos dirigidos a promover y utilizar conocimientos científicos. Hay algunas iniciativas interesantes –como Salud Investiga o Defensa- pero de una escala limitada y con un financiamiento muy escaso. La escala debería ser mayor, los perfiles de proyectos deberían ajustarse al tipo de investigación que cada ministerio necesite y el MINCYT debería tener una participación institucionalizada en la gestión de los diferentes fondos.

El tercer aspecto que requiere modificaciones importante es el del papel del financiamiento externo –básicamente BID y Banco Mundial-. Desde nuestra perspectiva, el recurso al crédito externo debería limitarse al financiamiento de inversiones de capital, no a gastos corrientes. Esto supone un cambio con respecto al perfil de los créditos que el país ha tomado en los últimos años.

Pregunta 13:

¿Considera necesario que el MinCyT deba coordinar esfuerzos con otros ministerios para lograr sus objetivos? ¿Tiene algún/os proyecto/s al respecto?


Este es uno de los grandes déficits actuales del MINCYT que ya fue mencionado al principio. Es elemental no solo la coordinación sino la planificación en conjunto.


Propiedad Intelectual. Patentes

Pregunta 14:

¿Qué estrategia propone para optimizar la capitalización del conocimiento generado en Argentina por emprendedores nacionales?


Una estrategia de patentamiento es sólo unos elementos dentro de una estrategia de capitalización del conocimiento por parte de emprendedores nacionales. En ese sentido, lo que hace falta es la construcción de un sistema de innovación que apunte al desarrollo, y posterior capitalización, de conocimiento por parte de emprendedores locales. Habiendo mencionado este punto, existen mecanismos dentro del sistema de propiedad intelectual para la protección de nuevas innovaciones, que no necesariamente signifique una estrategia de patentamiento. La protección a través de las patentes, cuando fuere mal utilizado, puede resultar perjudicial para un emprendedor (si su innovación tecnológica, no fuese atractiva, o no existiese un mercado fuerte para la misma se incurriría en gastos ociosos e innecesarios por el empresario, o en el caso de un patentamiento extranjero la posibilidad de observancia del titular del derecho sobre terceros).

Ahora, bien, en los casos donde se reconozcan innovaciones que puedan ser objeto de patentes, y pertenezcan a instituciones públicas o nacionales es posible incorporar mecanismos "fast track" para la concesión de títulos. Y esto se encuentra permitido por los acuerdos internacionales suscritos en la materia. La República Argentina ha adoptado el Acuerdo ADPIC respecto de los derechos de propiedad intelectual, el mismo establece los parámetros mínimos que deben establecerse en las Oficinas de Patente para conceder patentes, así como el plazo de concesión y permite que cada oficina establezca su regulación interna por lo que esto sería posible. Este sistema "fast track" permitiría un canal rápido para la evaluación de solicitudes de entes públicos.

Como se ha hecho referencia, las patentes no son la única forma de incentivar la innovación, en la actualidad se discute en la región (reforma del sistema de patentes brasilero) y en el mundo (OMPI, Agenda para el Desarrollo, u OMS), cuál es el mecanismo concreto para favorecer la innovación. Otra propuesta se basa en la construcción de un sistema de premios que recompense a las líneas innovativas estratégicas para el país que no permita patentar la innovación tecnológica. En referencia al sector emprendedor privado, es necesaria la creación de una Agencia gubernamental descentralizada para la valorización de la investigación, en los que participen los Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Industria, Salud y organismos como CONICET, que se establezca con la finalidad de apoyar el desarrollo industrial en las líneas estratégicas (que se consideren necesarias) y el crecimiento mediante el apoyo a la innovación, en particular tecnológica y biotecnológica, y para contribuir a la mejora los resultados de la investigación científica y técnica. La agencia tendrá como finalidad la gestión y el auxilio en materia de propiedad intelectual y gestión del conocimiento con el sector privado. Es decir:

Apoyo para el diseño, organización y realización de proyectos de innovación.

Diseño de políticas Defensivas/Ofensivas en materia de propiedad intelectual

Difusión respecto de las formas de apropiación del conocimiento.

Construcción de plataformas de innovación abiertas en áreas de interés público.

Asesoramiento técnico/legal en materia de apropiación por mecanismos de propiedad intelectual (marcas/patentes/IG/diseños y modelos/Derechos de Autor [software]);

Apoyo a empresas innovadoras, respecto información, investigación, y formación de recursos humanos.

Asimismo, la Agencia administrará un Fondo de Investigación y Desarrollo (creado por Ley) al que se le asignará el 0,1% del PBI con la función de fomentar la innovación en áreas sensibles como:

Enfermedades que se encuentran desatendidas y son consideradas de interés público.

Desarrollos en el campo biotecnológico para mejora de la producción agropecuaria de las economías regionales.

Y otras líneas de investigación que se consideren estratégicas.

Finalmente, es necesaria una revalorización de la Agencia Nacional de Patentes y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), donde es necesario asignar recursos presupuestarios y humanos para la mejora de la evaluación, concesión y trámite de las solicitudes de patente, así como para mejorar la transparencia y la divulgación de la información (pública) del mismo, para terceros e interesados.

En relación al sistema universitario, hay que profundizar la política de generación y consolidación de las unidades de enlace Universidad – Empresa para favorecer su absorción por parte de los emprendedores. Es necesario profundizar las iniciativas de formación sistemática de recursos humanos en trasferencia de tecnología y propiedad intelectual para las distintas instituciones.